Mendoza ordena su territorio: de la Ley 8051 a la acción
Génesis, estructura y estado de avance. Un balance crítico de su implementación.
“El desafío central ya no es diseñar; es ejecutar, cumplir y adaptar los planes.”
La experiencia mendocina instaló el ordenamiento territorial como política de Estado con soporte legal (Ley 8.051) y planificación sistémica (PPOT), orientando usos del suelo según aptitud y disponibilidad hídrica.
El andamiaje incluye instrumentos jerárquicos (PPOT–PMOT), participación social y una arquitectura institucional específica (APOT/CPOT).
En más de una década, se aprobaron el plan provincial y la mayoría de los planes municipales, con avances en interfaz urbano-rural, riesgos del piedemonte y coordinación metropolitana. Persisten brechas entre norma y acción: capacidades dispares, coordinación interinstitucional débil y participación diluida.
El valor del caso: un marco robusto cuya efectividad depende de ejecución sostenida, datos abiertos y gobernanza policéntrica.
“Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody.”
LA LEY 8051 COMO NUEVO PARADIGMA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MENDOZA
Recorré la evolución del Ordenamiento Territorial en Mendoza
Investigación:
La Ley 8051 de Ordenamiento Territorial en Mendoza: génesis, estructura y estado de avance. Un balance crítico de su implementación.
RESUMEN (ABSTRACT)
Mendoza construyó un marco integral de ordenamiento territorial para enfrentar presión urbana sobre suelos productivos, riesgos aluvionales y la restricción hídrica estructural.
La Ley 8.051 (2009) definió principios, objetivos e instrumentos jerárquicos (PPOT, PMOT, planes de áreas especiales), junto a mecanismos de participación y una institucionalidad específica (APOT como brazo técnico y CPOT como órgano consultivo).
En 2017, la Ley 8.999 puso en marcha el PPOT con horizonte de 30 años y siete programas estructurantes (coordinación de políticas, gestión del hábitat, conectividad, riesgos, desarrollo económico-energético y gestión integrada del agua). Hacia 2024, 15 de 18 municipios aprobaron PMOT, destacándose enfoques como la integración de ODS y abordajes técnico-científicos para la interfaz urbano-rural.
El balance muestra logros claros: lenguaje común de planificación, criterios de aptitud y balance hídrico, y primeras aplicaciones sectoriales (piedemonte, AMM, protección de suelos agrícolas). No obstante, persisten desafíos: coordinación interinstitucional insuficiente, heterogeneidad municipal y debilitamiento de espacios participativos.
El eje crítico pasa de “diseñar” a “hacer”: ejecutar, cumplir, monitorear con indicadores y ajustar planes ante crisis hídrica y cambio climático. El trabajo propone priorizar capacidades locales, activar instrumentos económicos (p.ej., recuperación de plusvalías), consolidar infraestructura de datos territoriales y fortalecer una cultura de planificación basada en evidencia y corresponsabilidad provincia-municipios.
La lección mendocina es doble: la arquitectura normativa importa, pero su impacto depende de gobernanza efectiva, financiamiento y continuidad política para convertir planes en resultados visibles y medibles.
INFORME COMPLETO
Descargá la investigación y guardala para consulta.
